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Ley de morosidad  - Principales modificaciones

Índice
  2.2.- Indemnización por costes de cobro
  2.3.- Cláusulas abusivas
  2.4.- Transparencia de las buenas prácticas comerciales
  2.5.- En lo relativo a las administraciones públicas
  2.6.- Régimen especial para productos agroalimentarios
  2.7.- Deber de información
  2.8.- Nueva línea de crédito ICO-morosidad
  2.9.- Marco transitorio

2.2.- Indemnización por costes de cobro

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste. La indemnización no podrá superar el 15% de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda no supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago

2.3.- Cláusulas abusivas

  1. Serán nulas las cláusulas que tengan un contenido abusivo en perjuicio del acreedor.
  2. Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora y si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas.
  3. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil.
  4. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de la contratación.
  5. Las siguientes entidades podrán suspender y modificar las condiciones comentadas en el apartado anterior:
    1. Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores.
    2. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.
    3. Los colegios profesionales legalmente constituidos.

2.4.- Transparencia de las buenas prácticas comerciales

Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, las administraciones públicas promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.

2.5.- En lo relativo a las administraciones públicas

La administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

Los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.

2.6.- Régimen especial para productos agroalimentarios

  1. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y perecederos no excederán en ningún caso de 30 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.
  2. Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquéllos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a 30 días o que precisan de condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.
  3. Con relación a los productos de alimentación que no sean frescos o perecederos los aplazamientos de pago no excederán en ningún caso de 60 días a partir de la fecha de la entrega de las mercancías.
  4. Los destinatarios de las correspondientes entregas quedarán obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega y recepción con mención expresa de su fecha.

2.7.- Deber de información

Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales.

2.8.- Nueva línea de crédito ICO-morosidad

El Gobierno está obligado a articular una línea de crédito directo dirigida a los ayuntamientos a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) con el objetivo de que puedan pagar sus deudas con empresas, pymes y autónomos.

Con el objetivo final de mantener un plazo de 30 días para este fin se establece un plazo transitorio:

  • 50 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
  • 45 días para 2012.
  • 30 días para 2013.

2.9.- Marco transitorio

  1. Los plazos a los que se refieren los apartados anteriores se ajustarán progresivamente, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados, de acuerdo con el siguiente calendario:

    • 85 días desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
    • 75 días para 2012.
    • 60 días para 2013.

  2. Lo dispuesto en la presente disposición transitoria no será de aplicación a los productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a 30 días tendrá efectos inmediatos.
  3. Las empresas constructoras de obra civil que mantengan vivos los contratos con las diferentes administraciones públicas podrán contar con los siguientes plazos máximos y sin que puedan existir pactos entre las partes por encima de dichos plazos y fechas:

    • 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
    • 90 días para 2012.
    • 60 días para 2013.
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